“Cada vez alcanza para menos”, seguramente sea la frase más escuchada en los lugares de trabajo, estudio, etc. Hace años que la inflación es la principal vía de ataque a los ingresos de las grandes mayorías. Sólo en 2022 la suba de precios -desde enero hasta octubre- fue de 76,6 % y, en los últimos doce meses, la cifra acumulada escaló al 88 %. En el lado opuesto, los salarios no recuperan lo perdido. Durante el gobierno del Frente de Todos los salarios reales perdieron hasta un 14 % en el caso de los informales.
La situación más crítica es con los alimentos, el bien más básico para garantizar las condiciones de vida. En los últimos 12 meses el rubro volvió a marcar un récord de incremento acumulado de 91,6 % en octubre, el más alto de toda la serie.
Los acuerdos de precios que proponen el Gobierno son un parche, su insuficiencia quedó a la vista en muchas oportunidades. Precios Justos, el programa anunciado por Massa, tiene el mismo problema, actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas de la inflación. Tampoco ataca el poder concentrado que tienen las grandes alimenticias, que llega al punto de que dos o tres firmas pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en su sector. Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma, que tiene una posición líder en la producción y comercialización de azúcar -controlando el 40 % de esta rama.
El fenómeno inflacionario es complejo y tiene varias causas como la evolución del dólar, el incremento de las tarifas de los servicios públicos; la evolución de los precios internacionales; entre otras. En este contexto de fuerte inflación, la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y mejorar su rentabilidad. Se necesitan medidas de otra clase para combatir la inflacion, y medidas de emergencia, que garanticen el nivel de vida del conjunto de la mayoria de los trabajadores.
*Aumento salarial de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales. Por un ingreso mínimo de $128.214 que es lo que cuesta una canasta básica en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que los trabajadores de Ate- Indec calculan en $205.000. Junto a la incorporación de cláusulas gatillo que actualice el salario mes a mes según la inflación. La CGT y el conjunto de las conducciones sindicales tienen que salir de la pasividad que mantienen ante este ataque. La importantísima lucha de los trabajadores del neumático y ahora la de los residentes de la CABA muestra que la única vía efectiva para que los salarios no sigan perdiendo es la organización en asambleas desde abajo y la lucha en las calles.
*Control de precios por medios de comités de trabajadores y consumidores. La clase trabajadora tiene el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población a través del control obrero de la industria alimenticia.
En el caso de las empresas que no cotizan en la Bolsa, la exigencia del acceso público de los registros contables y de los movimientos bancarios es esencial. Las grandes patronales acuden a miles de trampas para dibujar sus costos y los ingresos reales. Esto abriría el camino para un verdadero control de precios realizado por comités de trabajadores y sectores populares sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados. Los trabajadores de las distintas empresas podrán contar con la colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Las compañías que se niegan a dar toda la información y continúan especulando con los precios y abastecimiento deben ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para terminar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.
*Nacionalización de las empresas de servicios públicos. Para cumplir con el FMI el Gobierno avanzó con la reducción de los subsidios energéticos, haciendo recordar sobre los sectores populares este recorte que se traduce en una suba de tarifas segmentadas. Su impacto alimenta la dinámica inflacionaria en un año que podría cerrarse por encima de los tres dígitos. Con la nacionalización de los servicios públicos, bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares, se podría acceder a tarifas bajas o gratuitas para quienes no pueden pagarlas. Haciendo que los servicios esenciales dejen de ser un negocio.
*Los problemas de la inflación no se pueden enfrentar hasta el final sin tomar medidas que den soluciones de fondo a las contradicciones estructurales de la economía nacional, de atraso y dependencia que se profundice con el sometimiento al FMI y pago de la deuda externa. Los grandes empresarios son los que fugan divisas y organizan sus negocios en función de las ganancias que obtienen a nivel internacional. El monopolio estatal del comercio exterior permitiría controlar la entrada y salida de dólares bajo control de los trabajadores, frenando así las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales, la estatización de los puertos que hoy están en manos privadas, y la expropiación de los 4.000 principales.
*A su vez, la nacionalizacion de la banca bajo control de sus trabajadores y usuarios es clave para evitar la fuga masiva de capitales, para proteger a los pequeños y medianos ahorristas y canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que permita desarrollar las actividades más urgentes para responder a las necesidades sociales.