Las historias se repiten a casi dos semanas desde el embate del huracán Fiona: familias y centros de cuidado prolongado en Puerto Rico hacen malabares para poder operar los equipos médicos de los que dependen adultos mayores, incluidas máquinas de oxígeno o alimentación.
Un centro de Caguas está desactivado que ha gastado más de $600 en diésel para poner a funcionar un generador durante ciertas horas del día. Los encargados señalaron que han tenido que comprar agua para poder llenar la cisterna. Hay casos similares por el resto del día.
Como en emergencias anteriores, los adultos mayores son probablemente el sector más impactado en nuestro país por las secuelas del huracán Fiona. Componen una población creciente con diversidad de vulnerabilidades, y no les asisten aviones eficientes que prevengan muchos de los problemas que confrontan.
De acuerdo con información oficial hasta el jueves, las 25 personas fallecidas por causas asociadas al ciclón Fiona tenían más de 50 años. La Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada había recibido en una semana alrededor de 2,000 llamadas de denuncia o solicitud de orientación sobre servicios relacionados con esta población.
Se estima que más de una cuarta parte de la población de Puerto Rico, 893,000 personas o el 27%, tiene 60 años o más. Apenas el 2% -cerca de 18,000 personas- vive en alguno de los 899 centros de cuidado de larga duración licenciados. Otros residen en alguna de las 177 égidas o tienen familiares o vecinos que se ocupan de ellas. Se estima que más de una tercera parte vive sola sin que los gobiernos central o municipales sepan de su situación. Así, numerosos viejos pasan el día aislado.
Para la mayoría de estas personas, la carencia de energía eléctrica constituye un asunto vital, también porque en muchos sectores conlleva la falta de agua potable. Los equipos que mantienen vivos funcionan con energía eléctrica. Otras personas, postradas en camas, necesitan areas limpias para evitar infecciones. Otros han resultado probablemente atrapados pisos en altos por problemas con los sistemas comunes encargados del bombeo de agua y de los elevadores cuando falla el sistema eléctrico. Esto les dificulta el acceso a alimentos, medicamentos, tratamientos y atención médica.
En 2016, el 80% de los mayores de 65 años en la isla tenían como único ingreso el Seguro Social y el 41% participaba del Programa de Asistencia Nutricional. Además, más de 145.000 eran jefes de hogar. Al año siguiente, el huracán María dejó meses de desolación y alrededor de 3.000 muertes. La mayoría eran viejos empobrecidos.
La pandemia del COVID-19 ha segado 5.133 vidas, según las estadísticas. Hasta el viernes, el 92% o 4.736 de las personas fallecidas por coronavirus eran mayores de 50 años. Sumemos a esto el alza en el costo de vida en alimentos y servicios básicos.
Puerto Rico tiene el reto de asegurarle justicia social a esta población para que tenga calidad de vida y evite que quede desamparada en estos eventos. Hay que planificar y actuar a corto, mediano y largo plazo para proveer los servicios y la infraestructura que demanda este sector creciente. Se necesita para ello alianzas entre el gobierno, el sector empresarial y el Tercer Sector.
Tras el huracán María, quedó la encomienda de censar a la población mayor, particularmente a quienes viven solos o dependen de equipos eléctricos, para proveerles con celeridad protección y asistencia ante otra emergencia. A nivel colectivo e individual falta educar sobre los estilos de vida saludables que permiten a nuestra gente disfrutar la vejez en las mejores condiciones posibles, físicas y mentales.
Urge abordar estos desafíos como oportunidad para repensar el país y crear empleos que atraerán, a su vez, a tantos jóvenes que han emigrado. Corresponde a la academia formar a profesionales especializados en esta población. Y es necesario impulsar la innovación social para generar una economía que pruebe bienestar mientras facilita la integración intergeneracional. Todo esto conlleva romper los prejuicios que excluyen y condenan a nuestros adultos mayores al aislamiento ya la invisibilidad. Es preciso honrar sus derechos y su dignidad.