“Nos corresponde a todas y todos luchar porque se mejore la atención, se garanticen las medicinas y haya disposición de los insumos requeridos, que volvamos al sistema solidario y que se deje de evadir el pago de la cuota obrero patronal, […]”
En 1985 y en 1986, el régimen del general Manuel Antonio Noriega, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, pretendió privatizar la Caja de Seguro Social (CSS) y pese al régimen represivo de Noriega, las y los trabajadores se levantaron en grandes movilizaciones de todos los sectores. Las y los educadores, médicos y trabajadores del sector privado, a través de sus centrales y sindicatos organizados, la Federación de Servidores Públicos, Fenasep, llevaron a cabo jornadas de siete luchas en contra de la privatización de la Caja de Seguro Social.
En el 2005, precedido por movilizaciones desde el 2003, el Gobierno de Martín Torrijos impuso la Ley 17 del 1 de junio de 2001, que contenía la privatización de la CSS, pero las movilizaciones que se llevaron a cabo, de norte a sur y de este a oeste, en todo el país obligaron a retroceder a dicho Gobierno, luego de un mes de huelga, paros y movilizaciones.
El Gobierno abrió un espacio donde incorporó a todas las organizaciones que respondieron políticamente a él y aprobaron la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005. Esta Ley ha sido un rotundo fracaso. El argumento de ese entonces, al igual que ahora, era que había que buscarle una salida a la crisis que tiene la Caja de Seguro Social, pues se afirmaba que no contaba con recursos. La salida fue los dos pilares y eliminar el sistema solidario.
Esta salida, llevó a cabo por el Gobierno y el sector empresarial, buscaba la administración de los fondos de la Caja por el sector empresarial y privatizar los diferentes servicios que prestaba la CSS, algunos de los cuales ya lo han hecho, como la cafetería, los servicios de aseo y otros.
En el 2021 se configuró una mesa de diálogo con una composición similar a la del 2005, allí los trabajadores plantearon cinco puntos que nos parecían fundamentales para que no se diera lo del 2005, y los mismos no fueron tomados en cuenta, lo que llevaron al sector de los trabajadores del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Conato, a retirarse de la mesa.
La campaña emprendida, en la actualidad, por el sector empresarial, cuyo objetivo es crear las condiciones para que la población avale y acepte su propuesta, privatizadora de la CSS, tal cual lo hizo el Sr. Ernesto Pérez Balladares, iniciando en 1996 con la eliminación de las jubilaciones especiales a las y los educadores y trabajadores de otras instituciones donde excepto a la Policía y al Cuerpo de Bomberos, se privatizó el IRHE, vendiéndonos la idea de que íbamos a tener la luz más barata y un mejor servicio. Hoy, tenemos la luz más cara y con apagones recurrentes, dañando los aparatos sin resarcir al cliente del mismo y tenemos un peor servicio. Igualmente, se prometía algo similar con el Intel, pero hoy tenemos peor servicio telefónico y más caro. También se privatizaron los ingenios y los puertos, entre otros. Estas medidas aplicadas finales desde la década del 90 han significado un deterioro en los niveles de vida de las familias panameñas.
A 17 años de la Ley 51, hoy, nuevamente, salen los sectores privatizadores con el mismo canto del 2005. Es por ello por lo que, antes de ver las recomendaciones del informe de la OIT, deseamos tener presente que si bien hoy la Caja del Seguro Social no está del todo privatizada, ha sido por las luchas llevadas a cabo por las y los trabajadores y el pueblo panameño. Queremos una Caja de Seguro Social pública, universal, solidaria y que esté al servicio de las y los trabajadores.
La Caja del Seguro Social es nuestra, de todas las personas que cotizamos, de las y los beneficiarios. Sin la Caja de Seguro Social tenemos dificultades para una atención médica, porque no podemos costar los servicios de atención, exámenes y hospitalización de las clínicas y hospitales privados.
Nos corresponde a todas y todos luchar porque se mejore la atención, se garanticen las medicinas y haya disposición de los insumos requeridos, que volvamos al sistema solidario y que se deje de evadir el pago de la cuota obrero patronal, que según el análisis del profesor Juan Jované, respecto de la encuesta de los hogares del INEC (agosto, 2019) “cerca de 233 291 asalariados de las empresas privadas, así como sus cuotas correspondientes, fueron evadidos de la CSS. Lo que más llama la atención es que el 40.0 % de los mismos trabajaron en empresas formales, siendo parte de los llamados trabajadores informales de las empresas formales”.
Preparémonos para la lucha y salvemos la caja de seguro social.
educadora