“Si ustedes quieren que yo me enfoque solo en la violencia directa, pues les pido 2.000 policías más para empezar, porque la Administración destacó eliminó 1.000 plazas y actualmente cada día perdemos un policía y medio por jubilación, porque se nos muere, porque los despedimos , y esa es la situacion que vive el pais. Porque si usted me dice cuánto necesita en este momento, bueno, para levantar la flotilla que tengo, diay, yo le pediría armas, policías, millones de dólares, para poder combatir la violencia directa”, dijo Jorge Torres, ministro de Seguridad Pública.
De esta manera se dirigió al ministro de Seguridad Pública Jorge Torres a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que lo citaron a comparecer sobre los hechos de violencia que atraviesan el país y Torres les dijo que los recortes presupuestarios y el no poder contratar más policías hace que el crimen organizado le esté ganando la batalla a la Policía.
Por eso, ante el cuestionamiento del diputado Jorge Rojas sobre cuánto requiere para poder enfrentar el problema de la criminalidad, el ministro dijo tal cual en la comparecencia que necesitaba 60 millones de dólares, unos ¢35.280.000.000 al tipo de cambio actual.
Según Jorge Torres se malinterpretó, digamos, ellos me preguntan cuánto necesito, entonces les digo, diay la seguridad no tiene un monto, no hay ningún país que tenga un monto para la seguridad, entonces yo les dije en son de broma 60 millones de dólares , pero yo sé que no es al Congreso donde uno viene a pedir el presupuesto, es con el Presidente y con el Ministro de Hacienda y aquí venimos a defender el presupuesto que nos dan”, explicó Torres.

DIPUTADOS

Probablemente el jerarca les vio la cara de vacilones a los diputados en una comparecencia seria, donde se le cuestiona lo que ocurre en un país que se desangra con 656 homicidios, pero Torres señala que se malinterpretaron sus palabras.
Se buscó la opinión de varios legisladores que no coinciden con el parecer del ministro, primero al querer ir al Congreso a buscar dinero, pues hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha convocado ningún proyecto de seguridad.
“Sí recursos efectivamente hay una cuestión de responsabilidad que hemos sentido, que el Poder Ejecutivo ha estado debilitado en ese sentido, desde no asignar los recursos que corresponden por ley, con leyes propias que se han establecido para poder asignarselas a la seguridad y ampliar los a la seguridad pública, me parece que el Ministerio de Hacienda ha venido incumpliendo ese destino que la ley, en su momento, los diputados y diputadas fueron asignando y fueron propuestos, entonces le corresponde al señor ministro en primera instancia ir a luchar con el señor Ministro de Hacienda y el Presidente de la República para que se tomen en cuenta de una vez por todos los requerimientos y las necesidades que tiene ese Ministerio”, sostuvo Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Por su parte, el diputado Gilberto Campos dejó cierto que cuando se formula un presupuesto público hay que tomar en cuenta no solo los objetivos de la política pública que se tiene, sino también la planificación en función de conseguir esos objetivos, “pero hay un asunto anterior : es necesario saber dónde está parado, cuál es el problema público que hay que resolver y cuáles son los apoyos institucionales que tiene. Teniendo en cuenta todas esas cosas y muchas más, puede aventurarse a plantear un presupuesto”, acotó el legislador.
Al final, lo cierto es que el ministro se volvió con las manos vacías y en lugar de buscar el apoyo de los legisladores estos quedaron confundidos, pues ahora apareció una serie de mociones para saber quién es el culpable en todo este asunto, ya que en la comparecencia también tuvo su aporte el viceministro de Seguridad Daniel Calderón, el jefe de la policía de San José Marlon Cubillo y el director de la DIS, Hans Sequeira, quienes advirtieron que ocuparon más ayuda del Poder Judicial, que es al final quien suelta a los detenidos por parte de Fuerza Pública, y por eso la gran cantidad de homicidios, de ahí que llamarán a comparecer al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, y al Fiscal General de la República, Carlo Díaz.

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