La familia Bárcenas ya ha presentado su escrito de acusacion por el espionaje al que fueron sometidos durante 2013 y 2015. El extesorero del PP Luis Bárcenassu mujer rosalia iglesias y el hijo de ambos, Guillermo Bárcenas -más conocido como ‘Willy’- considerando que tanto el comisario jubilado jose manuel villarejo como el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hubo un papel esencial en la denominada ‘operación Kitchen’, que se urdió para arrebatar al que llevara las cuentas de los ‘populares’ toda la documentación que guardaba y que podría comprometer al partido. Por ello, les pide a cada uno de ellos 41 años de prisión por una decena de delitos entre los que se encuentran la asociación ilícita, secuestro, allanamiento de morada, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
En el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso La Informaciónla defensa también solicita que los acusados indemnicen a cada uno de los miembros de la familia Bárcenas de 400.000 euros por los perjuicios ocasionados, a los que se deberá añadir la responsabilidad civil que se pudiera determinar en sentencia por el delito de malversación de caudales públicos. Es más, añade que el subsidiaria civil responsable de los delitos públicos que hayan podido cometer los funcionarios que se sientan en el banquillo -entre los que se encuentra también el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino- es el Estado.
A lo largo de 48 páginas, el extesorero del PP y su familia exponen la existencia de una trama urdida entre altos mandos policiales, el Ministerio del Interior y el comisario jubilado José Manuel Villarejo con la que “orquestaron una operacion parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información (…) que pudiese afectar al Partido Popular” para evitar que Bárcenas pudiera utilizarla en los procedimientos que en ese momento investigaba la Audiencia Nacional, como el ‘caso Gürtel‘ y la caja ‘b’ en el partido.
Según indica la abogada Marta Giménez-Cassina en el escrito presentado en la Audiencia Nacional, la ‘operación Kitchen’ -bautizada así por Villarejo- fue dirigida “desde el Ministerio del Interior”, comenzó a gestarse en 2012 y se empezó a materializar en febrero de 2013 tras la publicación en prensa de los denominados ‘papeles de Bárcenas’, que reflejaban una contabilidad paralela del PP. En este sentido, subrayar que el titular de dicho departamento en dichas fechas era Jorge Fernández Díazquien “con conocimiento de su ilicitud y cierto de abuso de sus funciones peligrosas a francisco martínezquien fuera primero su jefe de Gabinete y, desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, poner en marcha una operación” contra el extesorero y las “personas de máxima confianza del mismo”. agregue que el exministro “estaba al tanto” de todos los movimientos del operativo.
Seguido a esta introducción, el escrito explica el papel que ha tenido cada uno de las 11 personas acusadas por este operativo que se ha investigado en el marco de la séptima pieza separada de la macrocausa ‘Tándem’ (más conocido como ‘caso Villarejo’), y cuya instrucción finalizó en julio de 2021. Así señala que Francisco Martínez -apodado por el comisario jubilado como ‘chico’– “asumió la coordinación de la operación ilícita” y que, por ello, encargó “la planificación y desarrollo” al entonces DAO, Eugenio Pino.
El que fuera máximo responsable de la Policía confió el espionaje a Villarejo, quien se atribuyó, por un lado, del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos marcelino martin blas y, por otro lado, del que fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño -conocido en la causa como ‘El gordo’ o ‘Big’, como hacía referencia el agente encubierto en sus agendas-, que obtuvo de la unidad especial de seguimientos para realizar “vigilancias a la familia Bárcenas y en definitiva tenerlos controlados en todo momento“. Con ellos participó también el inspector jefe Andrés Gómez Gordo (‘Andy’ o ‘Cospedín’, para el comisario retirado) y jefa de Seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.
Sobre cómo empezó la operación, la abogada señala que el primer paso fue captar a alguien de la “máxima confianza del entorno familiar”, que resultó ser Sergio Ríosel chófer de los Bárcenas, que “controlaba todos los movimientos que estos hacían y conocían en todo momento a qué personas veían, dónde comían, se reunían y además escuchaban las conversaciones privadas de la familia cuando estaban en el vehículo familiar”. La operación fue llamada ‘Kitchen’ -cocina en inglés- en su ‘ honor’, ya que era el “cocinero” que podría “entrar hasta la cocina” del extesorero del PP. Por este trabajo, el conductor recibió 2.000 euros mensuales más gastos provenientes de fondos reservadosademás de su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, “aun no teniendo los requisitos exigidos para ello” con el fin de “asegurarse su silencio”, subraya el escrito.
En el relato de los hechos, el escrito señala que, además de las “múltiples vigilancias y seguimientos” a Bárcenas, se realizó una investigación de “su entorno, despacho de abogados, amigos, localizacion de sitios a los que se desplazaba, lista de vehiculos que pudiera utilizar, llegando incluso a realizar el clonado de sus telefonos moviles“. En esto último, directamente participó Sergio Ríos, que entregó los dispositivos a García Castaño en un restaurante Vips, aprovechando el traslado de los terminales al despacho de abogados que antes defendían al extesorero, que se encontraron en prisión provisional. De hecho, su estancia en el centro penitenciario de Soto del Real es una de las pruebas que, según la defensa, demuestra la existencia de un operativo parapolicial.
El escrito describe que Bárcenas “sufrió un acoso injustificado por parte de los funcionarios de prisión que recibirían instrucciones de Instituciones Penitenciarias, que dependen del Ministerio del Interior, consistente en medidas y acciones que no eran habituales respecto a otros internos, registros constantes en la celda, cacheos integrales sin justificación real, sanciones, le obligan siempre a estar en la misma cabina en los locutorios cuando recibió visitas de su abogado y después, cuando se le autorizó las visitas en sala, siempre era en la misma cuando lo habitual es que sean el letrado y el interno quien elijan donde se comunican”. A todo ello, añade que “se le producen lesiones en las muñecas por ponerle mal las esposas en los traslados” y que fue clasificado como FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento).