La investigación, que ha llevado al banquillo al ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos (PSOE), comenzó en 2006 tras una denuncia por corrupción de dos concejales de su partido
Han pasado más de 15 años desde que comenzó la investigación del bautizado como caso astapa y el juicio que determine la responsabilidad de cada uno de los presuntamente implicados en este macrotrama de corrupción política y urbanística puesta al descubierto en el municipio malagueño de Estepona comenzará, por fin, el próximo 9 de enero. En l se sentar en el banquillo de los acusados, entre otros, al ex alcalde socialista de este turstico municipio de la Costa del Sol, antonio barrientostras una investigación que comenzó a raíz de una denuncia por corrupción realizada por dos concejales de su partido.
Est previsto que el proceso, que se celebre en la sala nmero 4 de la Ciudad de la Justicia de Mlaga, arranque con el planteamiento de las cuestiones previas que se presenten entre el 9 y el 12 de enero y luego, tambin, el 16 y el 17 de este mismo mes. Tras un parn de algo ms de un mes, a partir del da 7 de marzo se reanudarn las vistas con el inicio de la fase de pruebas.
Durante las sesiones selladas se analizarán los contratos y las concesiones administrativas realizadas por el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y mediados de 2007, los distintos tipos de convenios firmados, las actuaciones en materia de disciplina urbanística realizada y los depósitos bancarios hallados en suiza y andorra; as mismo, se revisarn en detalle tanto los supuestos pagos y las contraprestaciones recibidas por la concesin de licencias, como los presuntos cobros de comisiones vinculadas al abono de deudas municipales, la financiación irregular de partidos políticos, los incrementos patrimoniales y las actuaciones irregulares de cargos públicos y técnicos municipales.
El PSOE y el PES
Además del entonces regidor de esta ciudad del litoral malagueño, están procesados otros cinco ex miembros del equipo del gobierno de coalición de la poca, pertenecientes al Partido Socialista (PSOE) y otros partido de estepona (PES), a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de la creación de una caja B. El número total de acusados en el caso Astapa aumentó a 50 entre cargos públicos, técnicos y funcionarios municipalesaunque otras 27 personas y entidades empresariales están citadas por la Fiscal en la causa como “responsables subsidiarias o responsables a ttulo lucrativo”.
De este modo, la Audiencia Provincial de Málaga enjuiciara, junto a Barrientos, a medio centenario de investigados en un macroprocedimiento que por su magnitud muchos han calificado como el hermano menor del caso malayauna de las tramas de corrupción urbana más importante de la historia de la democracia española que tuvo como escenario a su vecina marbella.
fraude millonario
La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado a las arcadas municipales en este periodo y atribuye a los procesados envíos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. As, las penas solicitadas para los 50 acusados suman ms de doscientos aos de crcel y en el caso del ex alcalde socialista -que siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado haber actuado “dentro de la legalidad”- el Ministerio Fiscal pide para l diez años y nueve meses de prisin, inhabilitacin para empleo pblico por un perodo de 38 aos y la multa correspondiente.
Por su parte, la defensa de Barrientos ha llegado, incluso, a sealar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por su presunta participación en la elaboración y manipulación de informes policiales en la investigación del caso Astapa; y ha pedido que se investigue la supuesta “influencia” de Villarejo en la planificación y el desarrollo de la operación.
macrocausa
Con 351.114 folios y 774 tomos (128 tomos principales y 646 piezas documentales), en el juicio de Astapa intervendrn 284 testigos y 48 peritos. Ante el inminente comienzo del proceso y “el volumen y la complejidad” de la causa, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial peda “refuerzos” de funcionarios, técnicos informáticos y dems personal auxiliar, además de la designación de dos magistrados.
El objetivo es procurar una “adecuada tramitación de la causa” y evitar “toda dilatación en su efectivo enjuiciamiento desde su entrada en este tribunal”, además de no generar “un grave menoscabo en el funcionamiento”, detallaban al respecto desde la Audiencia.
Si bien la investigación se inici en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas aparecieron ante la Unidad de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Polica en Madrid un escrito acompaado de abundante documentacin en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podan estar cometiendo delitos relacionados con la corrupcin , la trama del caso Astapa hunde sus carreras en 2003 y se extenderá hasta la primera mitad de 2007.
El origen de la trama
Segn explica la Fiscal Anticorrupcin en su escrito provisional, cuando en 2003 el ex alcalde Barrientos y los dems miembros de la corporacin municipal encausados tomaron posesin de sus cargos “tuvieron que hacer frente a la situación económica desastrosa” en la que se encontró la localidad pero “en vez de programar políticas de austeridad, optaron por mantener e incluso aumentar un gasto publico inasumible con los recursos presupuestarios”.
De este modo, abunda el Ministerio Fiscal, “para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo, optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una caja Bprocedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol”. Esa caja B “básicamente se nutrira de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios” a los que a cambio de ello se habra beneficiado presumiblemente a través de acuerdos urbanísticos irregulares.
Las supuestas contribuciones mencionadas por Anticorrupción “se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales“. Al final, “se normaliz una prctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanstica a una negociacin previa y acuerdo con la cpula de uno u otro partido”, aade en referencia al PSOE y al PES.
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