Convertir a la Región de Murcia en el territorio de España que más facilidades da a los empresarios que quieren invertir. Ese es el objetivo del
decreto ley de inversiones empresarialesLibertad de Mercado y Eficiencia Pública, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno y que tendrá que ser convalidado por la Asamblea Regional, donde el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría.
La norma fue realizada de forma conjunta por las Consejerías de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, que dirige Valle Miguélez, y Economía, Hacienda y Administración Digital, cuyo titular es Luis Alberto Marín. Ambos consejeros información del texto este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El texto presenta unas medidas para facilitar inversiones que conllevan la reforma o modificación de procedimientos administrativos. Así, según detalló Valle Miguélez, el decreto da una vuelta de tuerca a la regulación de los informes sectoriales, «para que su tramitación no se convierta en un camino interminable que, a veces, supone una barrera para la actividad económica y para la implantación de una empresa».
En ese, se fija un plazo máximo de tres meses para la emisión de informes preceptivos que afectan a la implantación de una iniciativa empresarial. Si los informes no llegan dentro del plazo de estos, se permitirán la continuación de la tramitación del expediente.
En materia de ordenación del territorio, el decreto fija que, cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento general urbanístico del municipio, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del plan general de ordenación urbana. Además, se elimina de forma expresa la necesidad de licencia de obras previa para instalaciones de autoconsumo.
Además, se eximirá de realizar evaluación de impacto ambiental «a proyectos excepcionales según la ley del Estado». Estos son, según Miguélez, aquellos que su realización tenga un carácter de emergencia. Otra novedad que se fija es que no se pedirá a empresas que estén instaladas en otras comunidades autónomas y quieran ampliar su actividad a la Región que se adapten a la normativa de la Comunidad.
En materia de financiación, se prevé la creación de un ‘Fondo Capital Semilla’, destinado a las pymes con modelo de negocio innovador y tecnológico escalable a nivel internacional.
El decreto ley también apuesta por el fomento del crecimiento empresarial, asesoramiento, asistencia y apoyo financiero a pequeñas empresas para que se lancen a un proceso de integración que refuerce su solidez. También ofrece ciertos privilegios en el acceso a subvenciones y ayudas en función del tamaño de la empresa. En este sentido, se prevé mayor puntuación en los criterios de baremación de ayudas que incentivan la inversión empresarial a empresas de más de 50 trabajadores.
Además, en lo que a los proyectos estratégicos se refiere, se introducen nuevos requisitos, como, por ejemplo, que tendrán prioridad en el acceso a subvenciones y la posibilidad de concesión directa en los términos que determinan la legislación de subvenciones.
En lo que respeta a la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), se incrementan los requisitos de creación de empleo e inversión (hasta tres millones de euros) y se crea una carpeta digital para cada empresa con proyectos empresariales asistidos por UNAI que actúa como registro de entrada y salida para las comunicaciones y trasvase de documentacion.
Racionalizacion del gasto y gestion eficiente
La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital se encargó de la parte de eficiencia pública. El decreto ley establece la obligación de que todas las entidades y órganos de la Administración regional promuevan de forma efectiva el ahorro, la racionalización y la gestión optimizada y sostenible, primando todas aquellas alternativas regulatorias y de gestión optimizada que impliquen una mayor racionalización del gasto.
Los criterios para esta racionalización serán la simplificación, unificación o eliminación de procedimientos; la reducción de conceptos que no contribuyeron a una mejora del servicio público; la detección y supresión de gastos obsoletos y/o repetitivos; la centralización de compras de gastos consumibles; la incorporación de acciones con potencial de ahorro; la mejora en la eficiencia de los programas analizados que se mantienen presupuestados; y la agilización de las comunicaciones con la transformación digital.
Asimismo, en el primer semestre de cada legislatura habrá que realizar un Plan de Racionalización del Gasto con actuaciones específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con una evaluación y revisión anual que incluya un informe con propuestas de mejora. Este trabajo, que realizará cada centro directivo, será coordinado por la Comisión Argos, que también hará un seguimiento e implantación de la contabilidad analítica, así como las propuestas derivadas de la misma.
Esta comisión también tendrá la potestad de implantar proyectos no programados de racionalización del gasto cuando la urgencia de la situación así lo aconseje, y promoverá actuaciones de formación de los empleados públicos y de difusión y sensibilización entre la ciudadanía. Por último, Argos elaborará cada dos años un catálogo de buenas prácticas, para estimular la actitud pro activa de los órganos del sector público, pudiendo otorgar premios y menciones a iniciativas especialmente relevantes.
funcionarios
En el ámbito de la organización administrativa y de los recursos humanos de la Administración regional, para una gestión lo más ágil y eficiente posible que facilite el desarrollo de las iniciativas empresariales en la Región de Murcia, cabe resaltar que el texto da entrada a la creación de unidades transitorias de apoyo a la gestión coordinada o masiva y ocasional de procedimientos, así como a puestos de trabajo de carácter temporal. Se trata de unidades con realizadas específicas y de estructuras de gestión temporal para la realización de actuaciones determinadas cuya duración no podrá ser superior a tres años y estará vinculada al desarrollo de dichas actuaciones.
También se fijan que se pueden establecer puestos de trabajo de naturaleza temporal para facilitar el relevo generacional y evitar la pérdida de conocimiento crítico en la Administración regional por la jubilación de empleados públicos. Asimismo, se introduce la posibilidad de exigir la presentación electrónica de documentación para el acceso a la Administración Pública regional, avanzando en el proceso de transformación digital en el ámbito de la Función Pública.
Además, la norma posibilita que las entidades locales de la Región de Murcia puedan seleccionar a su personal temporal acudiendo a las listas de espera o relaciones de aspirantes seleccionadas mediante procedimientos extraordinarios vigentes en la Administración regional, sin que la renuncia al puesto ofrecido suponga la exclusión de la lista de espera correspondiente.
Agencia Digital
El decreto ley establece la creación de la Agencia Digital para centralizar la detección de necesidades, planificación y ejecución de los servicios de carácter digital, la coordinación con otras entidades de derecho público, así como la ejecución de políticas para la transformación digital de la sociedad de la Región de Murcia y la innovación asociada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el marco de la Administración, con especial atención a las labores en materia de ciberseguridad, tanto de la Administración pública regional como de las entidades locales a las que preste Servicio a la Comunidad Autónoma.
Icref
Por último, la nueva norma regula las competencias del Instituto de Crédito y Finanzas en materia de sostenibilidad financiera y colaboración público-privada, a través del rediseño de sus competencias en esta materia, permitiéndole asumir un rol mucho más activo en la promoción de esta forma de colaboración. Su participación se amplía desde el momento inicial de la configuración del modelo de financiación, valorando la posible repercusión del proyecto de inversión en infraestructuras públicas en la deuda pública regional.
De este modo, en su papel de facilitador de los proyectos de colaboración con el sector privado en la Región de Murcia, el Icref ofrece un servicio de interlocución única con la Oficina Nacional de Evaluación que le permitirá asesorar al órgano promotor en la tramitación de la solicitud del informe preceptivo de la Oficina estatal.