La CCIAP considera necesario buscar una fórmula de “ganar-ganar”, ya que la empresa minera tiene hasta este 14 de diciembre para firmar el acuerdo

Fachada de la CCIAP

Imagen de la fachada de la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.Cedida

Este domingo, los empresarios a través de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), considero que “urge reconducir las negociaciones” entre el Estado y la empresa subsidiaria de la canadiense, First Quantum Minerals Ltd., Minera Panamá, luego de que el próximo 14 de diciembre la empresa debe firmar el acuerdo o en su defecto, la contraparte, el Gobierno de Panamá procederá con medidas alternas para la operación de la mina de cobre.

En su escrito, Marcela Galindo, presidenta de la CCIAP, manifestó “cuando el Gobierno Nacional anunció en enero de 2022 la realización de un acuerdo con Minera Panamá, lo consideramos un hito importante para la República por tratarse de una actividad económica que representa una fuente significativa de riquezas para el país, al igual que para las cuarenta mil familias panameñas cuyo sustento diario depende de esta actividad”.

Sin embargo, prosigue, “casi año después, vemos con preocupación el giro errático que han tomado las negociaciones necesarias para formalizar dicho acuerdo; poniendo de un lado al Estado panameño, quien busca obtener los ingresos justos que le corresponden por su recurso mineral; y del otro a una empresa extranjera que, hace una década, vio a Panamá como un puerto seguro para invertir, realizando la mayor inversión privada extranjera en la historia del país”.

“Entendiendo que las negociaciones han sido complejas, los últimos comunicados del Gobierno Nacional nos dejan con más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto, y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podrían afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo”, dijo.

“Por ello hacemos un llamado urgente a las partes para reconducir la negociación, enfocándose en fórmulas ganar – ganar, a través de las cuales se logre un balance justo que reconozca al Estado lo merecido, ya la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla. De lo contrario, corremos el riesgo de aniquilar una actividad que representa el 3.5% del PIB de Panamá; que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños”, acotó Paredes en su columna semanal, Cámara Opina.

El contrato de ley firmado en 1997, para operar la mina de cerro Petaquilla, ubicado en Donoso, provincia de Colón fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, no obstante, la empresa ha seguido operando y comenzó con la exportación concentrado de cobre en 2019.

El gobierno de Laurentino Cortizo comenzó a negociar el nuevo contrato ley en septiembre de 2021, y en enero pasado anunció un acuerdo con Minera Panamá que mejoraron elevar de 2% a entre 12% y 16% las regalías y la garantía de un aporte mínimo anual al Estado de $375 millones. El aporte sería “10 veces más” de lo que ha aportado la empresa anteriormente, entre otros.

Los aportes de la mina se destinarán a financiar el fondo del programa de Invalidez, Vejez y Death de la Caja de Seguro Social. A partir de este año, el 50% de los ingresos mínimos anuales, alrededor de unos $190 millones se destinarán al programa de pensiones del país.

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