Hasta el próximo 14 de febrero los empresarios tendrán plazo de consignar a sus empleados el valor de las cesantías correspondientes a 2022. El pago oportuno de esta prestación permite proteger al trabajador cuando se encuentra cesante o sin empleo y estos recursos sirven para apalancar sus proyectos de vivienda y educación.
Las cesantías se liquidan anualmente y equivalen al período comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de cada año o al tiempo proporcional laborado. El valor por liquidar como cesantías corresponde a un salario mensual por cada año trabajado, o proporcional al período laborado.
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Según cifras de la Superintendencia Financiera, por concepto de cesantías correspondientes a 2021 los fondos que administran estos dineros recaudaron $10,05 billones, que fueron a las cuentas de 10,89 millones de trabajadores (ver gráfico).
Según la misma entidad, a octubre de 2022 los fondos de cesantías privadas (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos) contabilizaron 9,4 millones de afiliados, y el monto total de estos ahorros sumaba $16,2 billones. Por su parte el Fondo Nacional de Ahorro (FNA), una entidad oficial, sostuvo que cuenta con otros 2,18 millones de trabajadores afiliados.
Manejar bien la plata
“Estos recursos han sido aliados de los colombianos al momento de quedar sin empleo, ayudándolos a solventar sus gastos mientras lograban reincorporarse. Igualmente constituyen un apoyo en la consecución de vivienda, o en su educación o la de los suyos”, explicó Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos).
En ese contexto, los expertos en finanzas personales recomiendan no usar las cesantías para pagar deudas. Estas son un ahorro que debe estar enfocado en vivienda, educación o ser un colchón si la persona se queda sin trabajo. Por ello hay que buscar otras opciones para el pago de las obligaciones.
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En el caso de quienes estén interesados en conseguir vivienda, las cesantías podrían dar un gran impulso a esa iniciativa. Usualmente los únicos recursos con los que las personas creen que cuentan para la cuota inicial de una casa son sus cesantías y, por supuesto, algunos ahorros que pueden estar en algún producto financiero o en una natillera.
“El panorama actual representa un reto para las familias que desean adquirir vivienda, dado que las tasas actuales del sistema financiero reducen la capacidad de endeudamiento de los colombianos, por lo que las personas que desean adquirir vivienda deben contar con un mayor porcentaje de recursos propios adicionales al de la cuota inicial”, explicó Diana Restrepo, gerente Fintech en Home Capital.
A juicio de la empresaria, los ahorros de las familias determinarán en gran medida el valor de la vivienda a la que se puede acceder en el corto y mediano plazo, es decir, mientras mayores sean los ahorros con los que cuenten en cesantías, mayor será también la capacidad de compra y menores los requisitos de financiación.
Según cuentas de Asofondos, en 2022 los afiliados a Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos retiraron un valor total que sumó a $7,9 billones, de los cuales $2,12 billones sirvieron para comprar casa y otros $2,07 billones se usaron para mejorar o liberar la deuda a la vivienda.
Trámite para desechar de ellas
El trabajador puede retirar total o parcialmente sus cesantías si cumple los requisitos establecidos en las normas. El retiro total ocurre cuando termina el contrato de trabajo, cuando el empleado cambia a salario integral o fallece.
Además de la financiación de vivienda, el retiro anticipado de las cesantías es posible para pagar la educación y para comprar acciones en las empresas del estado. En esos casos generalmente se requiere llenar un formato y una autorización de la empresa.
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En el tema educativo aplica para estudios superiores, programas técnicos, pago de deudas al Icetex y el pago o compra de seguros educativos del trabajador, su pareja permanente y los hijos.
También aplican los retiros, aunque para un destino menos recurrente, para la compra de acciones de empresas del estado como Ecopetrol o ISA, según lo establecido en el Decreto 1562 de agosto de 2019, del Ministerio del Trabajo.
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