Huelgas y paros indefinidos suelen hacerse pidiendo aumentos de salarios, disminución de la edad de jubilación, mejoramiento en las rentas jubilatorias y mejores condiciones para la educación y la salud. Hasta donde estoy informado, el paro indefinido de Santa Cruz, que pide el cambio de la fecha del censo de población, es el primero en la historia del mundo que se realiza con este motivo.

Sus promotores argumentan que el atraso en la realización de este censo es motivado por el deseo del gobierno de oponerse al progreso de su región. Dicen que su postergación les priva del aumento de los ingresos de coparticipación tributaria que les correspondería por el aumento de su población y del aumento de su representación parlamentaria. Solucionados estos problemas, dicen que podrian mejorar la atencion de la salud y la educacion en sus regiones, amen de aumentar su infraestructura basica y vial. Señalan, por otra parte, que la información censal les servirá para tener una mejor planificación de sus regiones.

Todos estos argumentos son pertinentes. El conflicto se ha generado por algo de menor importancia: la fecha del censo. Santa Cruz pretende que su elaboración, sobre todo el levantamiento de la cartografía censal puede hacerse en menor tiempo que el estimado por el INE, lo que daría la posibilidad de realizar el censo el año 2023. En este planteamiento, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno ha sido uno de los líderes. Para evitar esta controversia, el gobierno podría proponer a la Umgrm, oa las otras universidades, hacerse cargo de la cartografía censal bajo contrato que estipule tiempos y garantía de incumplimiento. Como ninguna universidad del sistema tiene cátedra de cartografía censal, deberá permitirse al contratante la utilización de expertos extranjeros, como lo hace el INE.

Si lo que quiere Santa Cruz es acceder lo más antes posible a los recursos de coparticipación tributaria, el gobierno podría convenir en proporcionarle un avance a cuenta de los resultados censales. Esta sería, sin embargo, una operación delicada, pues el aumento que tendrá Santa Cruz y otras regiones que incrementaron su población será en desmedro de las regiones que vieron su población disminuida desde el censo del año 2012.

Finalmente, cabe plantear dos preocupaciones desde el punto de vista de la planificación regional. La primera se refiere al bajo nivel de ejecución de su presupuesto que tienen algunas regiones, en particular Santa Cruz. A algunos les quedan aún saldos importantes que deberán utilizarlos antes de requerir un aumento de su presupuesto. La segunda se refiere a la práctica de la planificación y al desentendimiento entre autoridades políticas y planificadores. Por mi experiencia de trabajo, puedo afirmar que hay pocos profesionales que suelen utilizar estadísticas en su trabajo profesional. Sin duda, esto puede cambiar en el futuro, pero se necesita dar un impulso a este cambio. El INE produce anualmente valiosa información sobre empleo, salud, educación, vivienda y servicios de la vivienda a través de las encuestas de hogares y de empleo. Cada cuatro años proporciona información detallada sobre el estado de la salud a través de las encuestas Endsa. Estas encuestas arrojan información mucho más útil que los censos para la planificación social y económica. Pero muy poca gente la utiliza, muchos ignoran su existencia. Adicionalmente, existe el problema, bien conocido en todas las latitudes, del desentendimiento entre las autoridades políticas y los técnicos en planificación, dando lugar a que la opinión de estos últimos no sea tomada en cuenta ya altos niveles de ignorancia de los primeros. El resultado de todo esto es que la legítima y pertinente demanda de tener datos para la planificación del desarrollo se enfrenta a su poco uso en la práctica. Pero, obviamente, esto puede cambiar en el futuro.

Si el conflicto actual se basara sólo en preocupaciones técnicas, en las cuales las partes tienen un conocimiento adecuado, sería de fácil resolución. Como el conflicto está mostrando resiliencia, cabe plantear dos hipótesis sobre su génesis. La primera, sostenida por el gobierno, es que no habrá razones técnicas asociadas a un deseo de desestabilización. La segunda es que el desconocimiento de lo que es un censo lleva a las partes a un diálogo de sordos.

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